Poder Judicial fija en ₡462.200 el salario base aplicable a multas y penas para el año 2026
Poder Judicial fija en ₡462.200 el salario base aplicable a multas y penas para el año 2026
El Consejo Superior del Poder Judicial estableció el salario base que regirá durante el año 2026 para el cálculo de multas, penas y otras referencias legales previstas en el ordenamiento jurídico costarricense.
Mediante acuerdo adoptado en la sesión N.° 113-2025, celebrada el 16 de diciembre de 2025 (artículo LXV), se fijó el salario base en ₡462.200,00 (cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos colones exactos). Este monto entra en vigor a partir del 1º de enero de 2026.
El salario base constituye el parámetro utilizado para la determinación de diversas sanciones penales establecidas en el Código Penal, así como para la aplicación de multas, impuestos y otras obligaciones contenidas en leyes especiales que remiten expresamente a esta referencia.
El salario base definido para el año 2026 no presenta variaciones respecto a los años anteriores, manteniéndose el mismo monto que ha sido utilizado recientemente como referencia legal.
Esta fijación resulta relevante para personas físicas, empresas y profesionales, ya que impacta directamente el cálculo de sanciones económicas y otras obligaciones legales vinculadas a dicho parámetro.
Mediante acuerdo adoptado en la sesión N.° 113-2025, celebrada el 16 de diciembre de 2025 (artículo LXV), se fijó el salario base en ₡462.200,00 (cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos colones exactos). Este monto entra en vigor a partir del 1º de enero de 2026.
El salario base constituye el parámetro utilizado para la determinación de diversas sanciones penales establecidas en el Código Penal, así como para la aplicación de multas, impuestos y otras obligaciones contenidas en leyes especiales que remiten expresamente a esta referencia.
El salario base definido para el año 2026 no presenta variaciones respecto a los años anteriores, manteniéndose el mismo monto que ha sido utilizado recientemente como referencia legal.
Esta fijación resulta relevante para personas físicas, empresas y profesionales, ya que impacta directamente el cálculo de sanciones económicas y otras obligaciones legales vinculadas a dicho parámetro.